La iniciativa, propuesta por Rusia desde 2017, entrará en vigor una vez que haya sido ratificada por 40 países.
El texto recibió luz verde por consenso y será presentado para su adopción formal próximamente ante la Asamblea General de la ONU, integrada por 193 países.
El tratado pretende combatir más eficazmente la cibercriminalidad y reforzar la cooperación internacional en este campo, en particular en los ámbitos de la pederastia y el blanqueo de dinero.
Desde 2019, la Asamblea General de la ONU creó un Comité intergubernamental para redactar la normativa a pesar de la oposición abierta de varios países europeos y Estados Unidos.
Los detractores del proyecto advierten un perímetro demasiado amplio que, según sus criterios, podría derivar en un tratado de vigilancia mundial.
No obstante, la ONU considera al cibercrimen como una forma de delincuencia transnacional en constante evolución y de naturaleza compleja.
Este se produce en el ámbito sin fronteras del ciberespacio por lo que se ve agravado por la creciente participación de grupos de delincuencia organizada.
Los autores de delitos cibernéticos y sus víctimas pueden estar ubicados en distintas regiones, y sus efectos pueden extenderse a sociedades de todo el mundo, lo que pone de relieve la necesidad de dar una respuesta urgente, dinámica e internacional.
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