La entidad señaló violación a los derechos de libre locomoción y libertad de industria, comercio y trabajo a partir de las acciones desde el pasado martes en ese enclave perteneciente al oriental departamento de Izabal.
Estas acciones al margen de la Ley afectan los derechos y garantías de la población, generan a su vez graves daños a la economía y pérdidas incalculables a las empresas, lo cual altera el orden público, acotó.
Las autoridades deben actuar con las fuerzas de seguridad, garantizar el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la Constitución y otras leyes, remarcó mediante un comunicado.
De acuerdo con reportes de la prensa local, comenzaron el bloqueo exempleados que se oponen a ciertas decisiones de la junta directiva, pero sumaron personas con otras demandas.
Por lo menos unos mil 800 contenedores con diferentes mercancías de exportación e importación permanecían este jueves varados y cuatro buques estaban a la espera de la carga, según actualizaron autoridades.
Los sectores afectados denunciaron –precisó el diario Prensa Libre- pérdidas de 500 mil dólares en tres días, así como el riesgo de perder la mercadería perecedera que no se ha podido embarcar.
El presidente de la directiva de la empresa portuaria, José de la Peña, explicó que ya entablaron un diálogo entre los representantes del Plan de Prestaciones de los Trabajadores.
También participaron –describió- autoridades de la gobernación departamental, Procuraduría de los Derechos Humanos y Policía Nacional Civil, cuyos representantes están en el lugar.
Esperamos –dijo- la intervención de las fuerzas del orden para efectuar un desalojo que permita continuar las operaciones, pues no recibimos ninguna postura, demanda o contrapropuesta de los responsables del movimiento, afirmó.
La directora de relaciones interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Fanny Estrada, descartó despachos de cargas generales que se mueven por el Atlántico del país “por lo que el efecto al comercio podría ser considerable”, apuntó.
El viceministro de la cartera de Economía Héctor Marroquín, encargado del área de comercio con otras naciones, aseguró que se le está dando seguimiento al tema, mientras coincidió en que las consecuencias serán negativas.
Guatemala vivió en junio pasado tres crisis logísticas por emergencia presentada debido a la nulidad del contrato de la Empresa Portuaria Quetzal (APM), del otro lado, en el Pacífico, departamento de Escuintla.
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