En su semanal comparecencia, en la que responde preguntas de medios de prensa y de la ciudadanía, el mandatario dijo que así lo trasmitió a una delegación que visitó el istmo encabezada por la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson.

Mulino recordó que apenas tomó posesión del cargo, el pasado 1 de julio, las partes suscribieron un convenio en el que, entre otros puntos, el norteño país asumiría los gastos para esta medida que espera frenar el creciente flujo migratorio, fondos estimados en unos seis millones de dólares.

Panamá, por su lado, se comprometió a cumplir con todos los acuerdos y convenios internacionales sobre el respeto a los derechos humanos de los viajeros ilegales.

La víspera, el gobierno panameño comenzó estas operaciones de deportación con 28 colombianos, de ellos 11 con antecedentes criminales y 17 caminantes que transitaron por la selva de Darién rumbo a Estados Unidos, a un costo de 17 mil dólares que pagó la Presidencia de la República.

“No vamos a esperar y se lo dije a la general Richardson”, remarcó el jefe de Estado.

El mandatario recalcó que las repatriaciones de los migrantes irregulares continuarán porque Panamá no podrá esperar, y ahora el asunto está el lado de Washington “que tanta presión ejerció para firmar el memorando y no solo con su gobierno, sino desde la administración anterior”, recalcó.

“Entiendo las complejidades del Gobierno de Estados Unidos en medio de su campaña electoral, pero el problema está allí, su frontera esta en Panamá y no en Texas”, enfatizó.

Según datos del Servicio Nacional de Migración, en lo que va de año más de 200 mil personas han ingresado por la frontera con Colombia, a través del flujo controlado, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos.

A pesar de los peligros naturales que ponen en riesgo la vida y el acoso de grupos criminales, en 2023 cruzaron la jungla más de 520 mil caminantes, un 20 por ciento menores de edad.

ro/ga