En un comunicado, la CTA-A condenó ese hecho y todo intento de negar, invisibilizar o avasallar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

Recientemente, medios de prensa divulgaron que legisladores de LLA frecuentaron a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez (hijo), Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros juzgados y encarcelados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer miles de personas, incluidos niños.

La visita a esos genocidas fue fuertemente criticada por sindicatos, políticos, organizaciones sociales y por la expresidenta Cristina Fernández, quien alertó sobre las intenciones de presentar un recurso para lograr su liberación.

Los diputados que acudieron al penal de Ezeiza son Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.

En su mensaje, la CTA-A expresó que lo sucedido atenta contra el pueblo argentino y la historia construida durante más de 40 años de democracia.

Quien utiliza los fueros y los poderes para validar el accionar de la dictadura y el genocidio, actúa objetivamente contra la democracia. Por lo tanto, no solamente merece ser repudiado, sino expulsado del Congreso porque no honra la legalidad que se le otorgó, señala el comunicado.

Asimismo, indica que todas las fuerzas políticas y sociales deben exigir un castigo ejemplificador para los diputados de LLA y recuerda que los detenidos “siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad al sostener el silencio y no decir dónde están los desaparecidos y los bebés apropiados”.

Para este Gobierno la categoría de negacionista es insuficiente: reivindica abiertamente la acción de la dictadura cívico-militar. La expulsión debe servir para frenar la intención de querer liberar a los genocidas. No permitiremos que se borre la memoria ni la verdad de los 30 mil detenidos-desaparecidos, apunta el documento.

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