Mediante un comunicado, la organización precisó que en el marco de la Ley se reserva el derecho de presentar las acusaciones pertinentes a los órganos jurisdiccionales correspondientes, tanto nacional como internacionalmente.

Recordó que las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones no constituyen delitos o faltas.

Ante esta situación, reclamó que se respeten y garanticen las condiciones necesarias para que la prensa pueda desempeñar su labor de manera libre y sin restricciones.

La APG instó a las autoridades a aceptar las credenciales de los periodistas que cubren diversas fuentes de información.

Lamentó y condenó hechos recientes como la denuncia presentada por el diputado del partido Vamos, Allan Rodríguez, contra el reportero Juan Luis Font, director del programa «Concriterio», por el delito de calumnia.

Dicha imputación, que es investigada por la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, es un ejemplo de los intentos por silenciar la labor de la prensa, agregó.

Rechazó enérgicamente la propuesta presentada en la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones, por el comisionado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Julio Vásquez, quien busca restringir la labor de los medios bajo el pretexto de «medidas pertinentes».

Por último, la APG se solidarizó con los cronistas deportivos que denuniaron la prohibición de acceso a los escenarios deportivos por parte de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol.

La condición de contar con más de cinco mil seguidores en redes sociales y la prohibición de críticas hacia los equipos, en lugar de respetar la Ley de Emisión del Pensamiento, son claras violaciones a la libertad de prensa, enfatizó

Ante esta serie de hechos, la APG llamó al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Alejandro Córdova, a pronunciarse en defensa de los derechos individuales y colectivos.

Consideró que estos están siendo vulnerados en un Estado que se debe valorar por el respeto a la democracia.

La APG fue fundada el 10 de abril de 1947 durante el gobierno del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), padre del actual mandatario (Bernardo).

Informes en la tierra del quetzal expusieron actos de violencia contra la prensa de forma reiterada, la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y el silenciamiento de las voces críticas.

Datos de la propia APG dieron cuenta de 105 hechos contra la libertad de expresión solo en 2022, con reconocidos reporteros en prisión y al menos 20 fuera del país.

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