La también llamada Sala IV de la Corte Suprema de Justicia plasmó ese ultimátum en una resolución suscrita este martes por el presidente de dicha instancia, Fernando Castillo, en virtud de un recurso de amparo interpuesto por Geovanny Delgado Castro, uno de los líderes de la movilización en San José.

El organizador de la marcha declaró que durante 13 años coordinó junto a otros las respectivas ediciones de la Marcha de la Diversidad, y para la decimoquinta del 30 de junio hizo las gestiones y trámites respectivos para obtener las declaratorias de interés cultural y turístico.

Delgado recordó que un día antes, el 29 de junio la Presidencia de la República anunció la destitución de la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz y del comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, al culparlos por la tramitación de la declaratoria cultural de la marcha.

El presidente Chaves respaldó su decisión en que ambos funcionarios aprobaron el documento “sin la autorización del presidente o de su despacho”, y, en el caso de los organizadores, estos actuaron «sin solicitar ni recibir los permisos requeridos según la normativa correspondiente».

Delgado desmintió ante los magistrados las afirmaciones de la Presidencia, ya que el mandatario -subrayó- “sí tenía conocimiento de la declaratoria de interés cultural, pues varios funcionarios de la Casa Presidencial participaron en las reuniones donde se discutió el tema”.

Medios de prensa divulgaron entonces un comunicado de la Presidencia que atribuía la destitución de Rosales y Ortiz a “la responsabilidad política y disciplina» que se espera de los altos funcionarios de una administración.

Las autoridades ordenaron una revisión de los procesos administrativos relacionados con los trámites ante una movilización de este tipo, las delegaciones de firmas y los flujos de proceso, a fin de “evitar errores» similares en el futuro.

Los organizadores de la marcha respaldaron un documento promovido la víspera por la Alianza Empresarial para el Desarrollo, integrada por 103 entidades de negocios y organizaciones comprometidos con la diversidad y la inclusión, al firmar la denominada Declaración de San José.

La Alianza, que actúa como el capítulo tico de la red Pride Connection para promover en varios países esa diversidad y crea espacios laborales inclusivos, logró que sus entidades miembros asumieran unos 350 compromisos públicos en pro de esos propósitos de la comunidad Lgbtiq+.

Esos resultados constituyen un hito a nivel latinoamericano y demuestran la madurez de Costa Rica en el respeto a los Derechos Humanos, destacó en ese momento la directora ejecutiva de la AED, Olga Sauma.

La ejecutiva describió como objetivos principales de la Declaración de San José eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género; y promocionar y apoyar los Derechos Humanos de las personas Lgbtiq+.

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