En la habitual conferencia de prensa de la semana, el mandatario explicó que el ministro de Seguridad Frank Ábrego retorna este mismo jueves de Quito, a donde viajó para ultimar detalles de esa operación como parte de un memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos, el pasado 1 de julio, apenas tomó posesión del cargo.
En ese sentido, aclaró que el primero de esos vuelos permitió la deportación de 29 colombianos con prontuarios delictivos y que son considerados como una amenaza la seguridad nacional, según otras autoridades.
Sobre los crecientes flujos migratorios por la selva de Darién hacia Estados Unidos, Mulino dijo que espera que este tipo de acciones desincentiven la peligrosa travesía por esa jungla.
Entre otros anuncios, el dignatario precisó que el tema de la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad en las zonas limítrofes será eje en sus conversaciones mañana con su par de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien esta tarde arriba al país en visita oficial.
Abordaremos asuntos de interés común en materia de comercio, agropecuario y la seguridad fronteriza, sobre todo en Paso Canoas, muy accesible; y donde prevemos construir instalaciones que refuercen el trabajo que allí se hace por la Aduana y el Servicio Nacional de Fronteras, entre otras instituciones, precisó.
Sobre la primera invitación a una visita oficial al mandatario tico, dijo que se trata de una nación vecina, además de Colombia; y lo catalogó como un amigo, quien cuando él era apenas candidato a la jefatura del Estado istmeño lo recibió en Casa Presidencial en San José y le dio aliento.
Según cancillería, la primera de las actividades en agenda de Chaves será un encuentro y cena con el canciller panameño Javier Martínez -Acha.
En octubre de 2023, en la anterior administración de Laurentino Cortizo, el presidente tico recorrió la comunidad de recepción de migrantes en Lajas Blancas, en la selva de Darién, en la frontera con Colombia.
El pasado año, según cifras oficiales, cruzaron la inhóspita selva más de 520 mil personas, de ellas un 20 por ciento de menores de edad.
Ambos Gobiernos apuestan por garantizar una migración controlada y segura, pero requieren de apoyo internacional y demandan responsabilidad compartida entre las naciones emisoras, de tránsito y de destino.
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