Considerada como una de las mayores reformas en décadas, la normativa pone especial atención en temas como sanciones más drásticas para los reincidentes y la tipificación de nuevos hechos punibles.

En el código procesal se introducen medidas especiales de protección a fiscales en casos de amenazas, agresiones o afectación a la integridad del profesional y sus familias.

Actualización de leyes referidas a las bandas criminales, el narcotráfico, la posesión de armas y delitos informáticos y económicos, también están incluidos en las modificaciones.

En julio pasado, el Gobierno anunció el reforzamiento y redistribución de fuerzas policiales a raíz de dos matanzas colectivas en la Región Metropolitana, una de las cuales provocó la muerte de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años.

Dentro de las medidas estaba la creación de una fuerza de tarea conjunta entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de la Fiscalía Nacional, relacionada con actividades de inteligencia.

También se anunció el mejoramiento de las capacidades para el control y requisa del armamento en circulación.

A ello se suma el despliegue de otros 909 agentes para reforzar el Plan Calles Sin Violencia en la capital.

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