El contenido de la iniciativa busca consolidar la justicia social en las zonas rurales, garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que arbitrarán, de acuerdo con la cartera ministerial. A propósito de la radicación, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, comentó que prima un buen ambiente en el Congreso para la aprobación del proyecto, considerado como un instrumento primordial para contribuir al desarrollo de los actores de las zonas rurales del país.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, consideró que Ley Ordinaria determinará el objeto, competencia y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, y “establecerá un procedimiento especial alternativo para una solución justa, pacífica e igualitaria”.
Constituye asimismo una herramienta fundamental para dirimir asuntos relacionados con la titularidad sobre la tierra, pues en Colombia actualmente no hay precisión en torno a la propiedad de cerca del 50 por ciento de los terrenos.
Con el proyecto se busca asimismo un acceso más ágil a la tierra por parte de los campesinos y optimizar el proceso de asignación de diferentes predios.
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