La también conocida como Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por votación mayoritaria la admisión del pedido del ente regulador sobre si esa segunda versión está de acuerdo con la carta magna, y lo unificó en un solo expediente a similar solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones.
El pedido de la CGR, que desde la presentación en mayo del proyecto reaccionó contra su tendencia antifiscalizadora, argumenta que la Ley Jaguar puede abrir la puerta a «contrataciones a dedo», facilitar la corrupción y otras desviaciones de poder.
La versión “2.0” de la legislación, propuesta por el presidente Rodrigo Chaves tras declararla inconstitucional por primera vez la sala IV de la CSJ, tuvo su primer freno cuando el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa también la consideró contraria a la Ley de Leyes.
El rechazo por esas dependencias institucionales y las críticas en el plenario del Congreso por legisladores y organismos del estado como la propia Contraloría condujeron al Gobierno a redactar y someter a debate el segundo y actual texto de la Ley Jaguar.
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