En conferencia de prensa, el máximo representante de esa institución adscrita a la presidencia detalló que en un plazo de unas tres semanas se presentarán acciones como denuncias, inhabilitaciones, destituciones y rotaciones de personal.

Implementamos un tablero de adquisiciones o compras públicas en el cual se puede corroborar de dónde procede un monto presupuestario, en qué se gasta y hacia dónde se dirige, amplió el funcionario.

También –remarcó- indicamos al Ministerio de Finanzas Públicas la creación de un sistema de alertas que muestre “movimientos inusuales”.

“Hay comportamientos fácilmente detectables, como compartir representantes legales, sedes fiscales o contadores”, explicó el abogado.

En relación con medidas contra empresas señaladas en el B410, Flores aclaró que procedieron con la inhabilitación del Número de Identificación Tributaria, lo cual impide que puedan hacer cobros.

A mediados de agosto pasado la Superintendencia de Administración Tributaria divulgó sobre una red criminal constituida por 410 empresas que robó al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares.

El mandatario de Guatemala respaldó luego el trabajo serio y técnico del equipo de esa entidad y aseguró que su Gobierno tomaría las acciones pertinentes por las implicaciones para el erario público y los bienes del pueblo. La Procuraduría General de la Nación, conforme a su mandato constitucional, adoptará las medidas para defender los intereses del Estado y contribuir a que las investigaciones lleven a los responsables ante la justicia, afirmó.

El B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, aseveró el abanderado del partido Movimiento Semilla.

“Fueron tan insaciables los amigos de lo ajeno que querían la corrupción libre de impuestos”, enfatizó Arévalo.

arc/znc