Con 49 votos negativos, 11 afirmativos y dos abstenciones, la Cámara alta del Congreso descartó el recurso de necesidad y urgencia (DNU) 656/2024, al igual que lo hicieron los diputados en agosto.
Según medios locales de prensa, es la primera vez en los últimos años que los legisladores anulan un recurso de ese tipo.
En julio pasado, el Gobierno comunicó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia, tras siete meses de intervenirla, e informó que fue sustituida por la SIDE, la cual depende directamente del jefe de Estado y tiene control operativo de cuatro agencias creadas “con el fin de transformar y modernizar el sistema”.
La SIDE es dirigida por Sergio Neiffert y a ella responden el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.
Vetan un aumento de las jubilaciones y amenazan con revocar el financiamiento universitario, pero quieren sostener los 100 mil millones de la SIDE. No. Hay límites institucionales que el Presidente tiene que respetar. Por eso rechazamos el DNU, aseveró la senadora de Unión por la Patria (UP) Juliana di Tullio.
Por su parte, su compañero de agrupación Mariano Recalde señaló que “si no hay plata para los jubilados, la educación, las obras, la comida o los medicamentos, menos puede haber para espionaje o recursos que nadie controle”.
Los legisladores también aprobaron esta madrugada una Ley de Financiamiento Universitario, que actualiza las partidas presupuestarias de los centros de altos estudios y era solicitada desde hace meses por miles de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes.
El presidente ya dijo que vetará esa normativa. ¿Somos conscientes de la brecha que hay entre un pueblo que pide recursos para educación y un mandatario que se los niega? Es central cómo nos posicionamos frente a ese tema, advirtió el senador Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical.
A su vez, el legislador de UP Eduardo de Pedro instó al Gobierno a tomar nota de la multitudinaria marcha celebrada este año en defensa de la enseñanza pública.
Ese fue el impulso que permitió generar un consenso y que hoy tengamos una ley que, en ocho artículos, subsana el desastre hecho por Milei, indicó al denunciar que el 80 por ciento de los docentes cobran por debajo de la línea de la pobreza.
Si el presidente la veta, nos volverá a encontrar movilizados en las calles de todo el país e insistiremos nuevamente en el Senado.
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