En su primera intervención como jefe de Estado ante el plenario del organismo mundial, Mulino denunció que la selva del Darién está siendo utilizada como llave de paso por cientos de miles de migrantes, desde hace tiempo, que huyen de los graves problemas económicos, políticos y sociales en búsqueda del llamado sueño americano.
Señaló que el país no dispone de los recursos ni de posibilidades materiales para darle solución a la crisis migratoria por cuenta propia, y agregó que se trata de un problema global, el cual en Naciones Unida debe ocupar un lugar de importancia en su agenda.
Explicó que el istmo paga hoy un alto costo ambiental producto de este flujo ilegal, ocasionando un daño severo a su biodiversidad.
Por la frontera del Darién, precisó, en 2023 ingresaron más de medio millón de inmigrantes ilegales. Esto corresponde al 12 por ciento de la población total de Panamá. Si lo mismo ocurriera en los Estados Unidos, significaría el ingreso de 40 millones de ilegales en un año, es decir, un número 20 veces mayor al que reciben hoy.
Mulino solicitó que aprecien la magnitud de lo que está sucediendo, pues, según explicó, no siente que cuentan con todo el apoyo internacional que corresponde para hacerle frente a una situación tan angustiante desde el punto de vista humanitario, tan costosa en lo financiero, tan riesgosa para la seguridad y tan alarmante por la devastación ambiental que deja.
Adelantó que en su Gobierno, iniciado el pasado 1 de julio y hasta 2029, aprovechará cada foro para exigir un esfuerzo compartido para frenar el flujo de la migración ilegal.
En otra parte de su comparecencia, el gobernante se refirió a las inclusión de Panamá en las listas discriminatorias fiscales que, indicó, son establecidas por intereses particulares de naciones que no logran ser competitivas ni atractivas para sus conciudadanos.
Sobre este tema, argumentó que el país ha implementado reformas significativas en su sistema financiero y legal para cumplir con estándares internacionales de transparencia y prevención de lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado. Además, acotó, muestra disposición para colaborar con organismos internacionales y firmar tratados de intercambio de información fiscal con varios países, pero no ha sido suficiente.
«Panamá no es un paraíso fiscal», remarcó y luego reiteró la decisión de no permitir que las empresas de los países que avalan y acompañan esas listas participen en licitaciones internacionales en el país canalero, además de que no contarán con su voto en los organismos internacionales.
Esa disposición, aclaró, entraña que no permitirán más señalamientos injustos que perjudican la capacidad económica, prestigio e imagen del país centroamericano.
De otra parte, subrayó que desde enero de 2025 Panamá será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por sexta vez en la historia, lo cual habla de la conducta en la lucha contra el terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico.
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