El alza significa un golpe para la economía de las familias de bajos y medianos ingresos y se suma a la aplicada en junio y julio recientes, que ascendió al 19 por ciento.
Los precios de este servicio, que está manejado por empresas privadas, se congelaron en 2019, luego del estallido social contra el neoliberalismo y la pobreza iniciado en octubre de ese año.
La medida se mantuvo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, pero a principios de 2024 el gobierno presentó un proyecto de ley para normalizar los precios y pagar la deuda acumulada a los consorcios particulares.
El Congreso Nacional aprobó la regularización en tres tramos, el primero ya aplicado en junio-julio; el segundo en octubre y el último en enero de 2025.
La carga total para los usuarios será de 60 puntos porcentuales, con variaciones según la región y el nivel de consumo, y los expertos advierten que esto hará imposible cumplir la meta oficial de bajar al tres por ciento el índice de inflación.
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