La reacción de la funcionaria de la UCR siguió a la decisión este lunes del centro de estudios, tras un anuncio anónimo sobre explosivos en sus áreas, de evacuar a unas dos mil 550 personas y cerrar el acceso a áreas de aulas, al edificio de Estudios Generales y a una biblioteca.
El documento de denuncia de la institución alega que la comunicación sobre la amenaza de bomba, emitido cerca de las 9:15 (hora local) de este 30 de septiembre, partió desde un correo institucional “al que se accedió de forma no autorizada”.
La UCR activó sus protocolos de seguridad tras recibir en varias cuentas de correo la advertencia sobre una explosión contra tres edificaciones de la institución.
Los inmuebles fueron revisados de forma exhaustiva por la Fuerza Pública, que acordonó las áreas amenazadas, ordenó su cierre hasta que la Coordinación Institucional para la Atención de Emergencias permita la apertura, y mantuvo en funcionamiento normal las demás instalaciones.
La amenaza de bomba contra el ente universitario es la segunda este mes en el país, después de la del 24 de septiembre contra la Fiscalía General, en medio de una actuación judicial de esa instancia contra irregularidades en la Caja de Seguridad Social.
El aviso ese día del Ministerio Público sobre el peligro de una explosión siguió a la orden de detención contra la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, y otros siete funcionarios de este último organismo, emitida el día antes.
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