Con esta normativa, queremos garantizar que toda niña o mujer tenga acceso a las prestaciones de salud y que esta práctica no sea clandestina, dijo la secretaria de Estado.

En Chile, el aborto fue penalizado en 1989, el último año de la dictadura de Augusto Pinochet, pero en 2017 se dio un paso de avance cuando se promulgó la legislación que permite interrumpir la gestación por tres causas: inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre o violación.

Desde entonces, más de cuatro mil 500 mujeres se beneficiaron con esta ley, pero según cifras no oficiales, entre 30 mil y 150 mil recurren cada año al aborto clandestino, sin apoyo médico y con productos del mercado negro, lo cual pone en peligro sus vidas.

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