Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal.

Las expulsiones de Sérgio Fernandes, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar, Sideni Soncini y Marcos José de Brito fueron determinadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El órgano también autorizó a la PF a cumplir 44 órdenes de búsqueda y captura contra ellos, otros servidores públicos, nueve abogados, además de empresarios sospechosos de beneficiarse del esquema.

La operación es el resultado de tres años de investigación de la PF y fue bautizada Última medida, un principio del derecho, según el cual la justicia es el último recurso del poder público para detener la delincuencia.

De los cinco jueces objetivo de la operación, dos ocupan el puesto del V Constitucional, cargos desempeñados por abogados y miembros del Ministerio Público, no por magistrados de carrera.

El STF determinó la separación de las funciones públicas de los investigados, la prohibición de acceso a las dependencias de organismos públicos relacionados y vetó la comunicación entre personas bajo indagación.

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