El jurado tomó esa decisión sobre la base de lo que denominó “defectos procesales” y dio un plazo de 24 horas al Ministerio Público para que presente una nueva acusación.
Interrogado por la prensa, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que el juzgado suspendió la audiencia para el próximo 29 de octubre a las 08:45 hora de Bolivia.
“Los privados de libertad retornarán a los centros penitenciarios”, sostuvo Limpias.
Representantes de organizaciones sociales demandaron ante el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz la máxima sanción contra los principales imputados en el expediente penal Golpe de Estado I.
Son ellos la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020, excluida del caso la semana pasada), el gobernador de Santa Cruz y extitular de su comité cívico Luis Fernando Camacho, así como el exlíder de esta estructura social en Potosí Marco Antonio Pumari y otros cinco jefes militares y policiales también implicados.
La fiscalía abrió este expediente por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Tras asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Según documentos de la fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.
Este acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que incumplieran su deber constitucional de respaldar al expresidente Evo Morales, quien fue forzado a renunciar el 10 de noviembre de 2019.
“Vamos a pedir la pena máxima (…). Se debe establecer que la víctima es el Estado Plurinacional de Bolivia, la población (…)”, declaró a la prensa el abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada Lidia Patty.
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