Por Dixie Edith Trinquete
A poco más de cuatro meses de su aprobación, el proceso se encuentra en lo que el primer ministro Manuel Marrero Cruz calificó ante el Legislativo como “la etapa más importante y tal vez la más difícil”: garantizar la aplicación efectiva de cada medida en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la cada vez mayor persecución financiera.
En opinión de Díaz Fernández el paquete “recoge muchas de las propuestas realizadas durante años” y valoró como destacable “una tendencia hacia el protagonismo del mercado”. Pero fue directa al señalar tres problemas: “No es un programa que exponga claramente el propósito, no jerarquiza y no establece una hoja de ruta con metas”.
Profesora titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, la experta es doctora en Ciencias Económicas, con premios de la Academia de Ciencias de Cuba, y coordina la Red de Emprendimiento de la casa de altos estudios capitalina.
El desafío de producir
El mayor desafío del sistema empresarial cubano en el corto y mediano plazo es concreto: “poder producir”, insiste la entrevistada. Para ello “es indispensable dinero y energía”. Solo después —advirtió— vienen otros problemas como la tasa de cambio y los salarios.
Díaz Fernández situó estas dificultades en un contexto muy hostil: la paralización de navieras y la retención de más de siete mil contenedores con alimentos, medicamentos y sistemas solares en puertos cercanos, según informó Marrero Cruz en esa misma comparecencia.
En materia de autonomía empresarial, consideró que el cambio más importante es “ir hacia la asignación mediante el mercado”. Definir precios y salarios, dijo, es un incentivo fuerte y una expresión de autonomía.
Sin embargo, “en la situación actual de una caída de los factores de producción, es difícil que la liberalización de los precios no conduzca a incrementarlos y eso tiene límites”.
Las estadísticas respaldan su cautela: según un informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), el peso cubano pasó de alrededor de 435 pesos por dólar en enero, a 680 al cierre de julio de 2026, una depreciación nominal acumulada del 56,3 por ciento, asociada al desplome de los ingresos por turismo y remesas y a la profundización del aislamiento financiero de la nación caribeña.
El difícil camino de la articulación
Sobre la articulación entre empresas estatales, mipymes y emprendimientos privados, Díaz Fernández valoró como “un paso importante” que el mercado funcione como base de la economía “aunque exista regulación del Estado”. Pero advirtió que “la cultura de cada tipo de empresa y los puntos de partida de cada una complejizan el proceso”.
Respecto a las mipymes y los emprendimientos privados, reconoció que fueron beneficiados con medidas que habían solicitado: “actividades que dejan de ser prohibidas, cantidad de trabajadores, ser dueños de más de un negocio, la inversión extranjera”.
El problema, subrayó, es la implementación. “Muchas actividades están condicionadas a autorizaciones, lo cual puede ser una prohibición silenciosa o mucha discrecionalidad”.
En cuanto al entorno financiero, fue categórica: “Sin recursos en divisas es difícil pensar en volúmenes de producción y exportación”. A ello sumó la necesidad de un marco regulatorio que otorgue garantías y una implementación adecuada.
De condiciones y señales
De cara a la puesta en práctica, Díaz Fernández reconoció el peso del contexto externo. “Las condiciones actuales económicas y sociales, así como la presión desde Estados Unidos, no ayudan a la implementación y de ahí al impacto. Habrá que ver la evolución de esas condiciones para su sostenibilidad”.
La presión a la que alude está documentada: desde que en mayo de 2026 Trump firmara la Orden Ejecutiva 14404, Washington ha incluido a una 80 entidades y personas cubanas en cerca de una decena de rondas de sanciones. Justo ayer esa ofensiva alcanzó al Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA).
El propio Gobierno cubano estimó los daños del bloqueo –entre marzo de 2025 y febrero de 2026¬ en ocho mil 83,3 millones de dólares, cifra récord que eleva el acumulado de más de seis décadas a 178 mil 700,5 millones.
Para evaluar si las medidas están funcionando, Díaz Fernández propuso atender a cuatro indicadores: la entrada de inversión extranjera, el financiamiento, la oferta de productos y servicios y la reducción de la inflación.
Su recomendación final fue un llamado a la celeridad. “Es indispensable enfocarse en las urgencias con un plan de medidas de emergencia dirigido a financiamiento, alimentos y energía, también medicamentos”.
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