Sus demandas son relativas a la implementación de un gravamen del 20 por ciento sobre zonas agrícolas con un valor superior a un millón de libras esterlinas (unos 1,3 millones de dólares al cambio actual), medida que, según el Gobierno, afectaría unas 500 granjas.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Agricultores advirtió que impactará a un 66 por ciento de las explotaciones agrícolas tras su presunta entrada en vigor en abril del próximo año.

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