Así ocurrió con el fallo contra el exmilitar retirado Eduardo Ferro, partícipe de operaciones represivas del Plan Cóndor que operaron los regímenes de facto en el cono sur americano el pasado siglo.
La causa investiga los secuestros y maltratos de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Liliam Celiberti, Universindo Rodríguez y dos hijos de Celiberti, ocurridos en noviembre de 1978 en Porto Alegre, en operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de Uruguay y Brasil.
Tras ser secuestradas, las víctimas fueron trasladadas ilegalmente a Uruguay, donde estuvieron sometidas a torturas y encarceladas hasta su liberación en noviembre de 1983
Ferro había sido condenado en 2023 por la desaparición forzada de Óscar Tassino, ocurrida en julio de 1977.
La justicia uruguaya dispuso esta semana también el procesamiento con prisión al coronel retirado Luis Agosto, otro exmilitar imputado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que imperó aquí entre 1973 y 1985.
Agosto está imputado por delitos de lesa humanidad contra militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros detenidos y torturados en el el Cuartel La Paloma del Ejército.
Fue en el marco de la operación Morgan, que pretendía destruir la estructura del Partido Comunista de Uruguay y de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Las víctimas fueron detenidas ilegalmente, encapuchadas, incomunicadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos –golpizas, falta de alimento, agua, sueño, limitación del acceso al baño, y “submarino”, suscribe el fallo de la jueza Isaura Tórtora.
Esta semana trascendió además el fallo judicial de procesamiento con prisión contra los militares retirados Enrique Buzó y Néstor Silvera, igualmente por delitos contra los derechos humanos.
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