También hay quien va más allá de negar los sucesos e incluso profanan los homenajes dedicados a los fallecidos conocidos aquí como “falsos positivos”, y que con su actitud ofenden a los dolientes, sobre todo a las madres.
Uno de estos comportamientos fue asumido por el representante a la Cámara Miguel Polo, quien realizó un video donde aseguraba que desecharía las botas colocadas en la plaza Rafael Núñez del Congreso, y que habían sido colocadas allí a modo de recordación por parientes de algunos de los falsamente dados como guerrilleros abatidos en combate.
En la nación sudamericana se ha documentado que los responsables de estas muertes les ponían a sus víctimas botas pantaneras, como las que usaba la insurgencia, para simular que eran bajas legítimas, de ahí el simbolismo de exponer el calzado como un acto que busca la reparación y la no repetición.
Tras la actuación y las palabras de Polo, el órgano de justicia transicional en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidió respeto por la dignidad de las mujeres que desde hace años buscan que se esclarezcan los sucesos sobre el asesinato de sus descendientes por parte de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.
“La JEP rechaza los actos de odio contra las expresiones simbólicas y artísticas de las Madres de Soacha instaladas en la plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional. La JEP resalta la dignidad de estas madres que luchan por la verdad y la justicia para sus hijos desaparecidos, asesinados y presentados falsamente como bajas en combate”, indicó el tribunal.
Aun cuando buen parte del país mostró su solidaridad con las familias de las víctimas tras el vejamen del congresista, quien asegura que es preciso demostrar con nombres y detalles que tales actos ocurrieron, un suceso posterior dejó en claro que la actitud negacionista prevalece en más de uno en Colombia.
Ante determinadas manifestaciones de miembros del partido Centro Democrático (CD), fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la JEP divulgó una misiva en la que pide al director de esa agrupación política, Gabriel Vallejo, impartir directrices en su colectividad para evitar señalamientos que impliquen una revictimización de los dolientes.
En su carta, el tribunal señaló que sus afirmaciones sobre los mentados sucesos no son opiniones, como han querido hacer ver algunos miembros del CD, sino aseveraciones.
Estas, alegó, explican las determinaciones judiciales que la JEP tomó (…) y por los cuales se han imputado 102 máximos responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Casanare, Huila y Antioquia, en el marco del macro Caso 03.
La misiva de ese órgano documentó también parte de los testimonios dados por integrantes de las filas castrenses en los que revelan cómo se les presionaba para que hubiera muertos.
En el Auto 62 Subsala D de 2023, la Sala constató que la circular 62162 expedida por el entonces comandante del Ejército, Martín Carreño, regulaba los requisitos para el otorgamiento de la medalla de servicios distinguidos mediante el establecimiento de cuotas, determinado por un número de 150 bajas o de 500 capturas, se lee en el texto.
Como puede verse, la “baja en combate” valía tres veces más que una captura, remarcó en su carta el tribunal.
Hasta la fecha, la JEP estima en seis mil 402 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre 2002 y 2008, de las cuales se revelaron mil 934 identidades la pasada semana.
Informó que dará a conocer el nombre del resto una vez termine la contrastación y la fase nacional del Caso 03, por respeto y dignidad a sus familias, por protección de la investigación judicial y en consideración de las condiciones de seguridad.
Desde esa instancia, que vela por la reparación a las víctimas, advierten las consecuencias dañinas de que algunos prefieran la amnesia antes que admitir y reconocer uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país.
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