Es necesario abordar con celeritud las deficiencias en el mecanismo de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, enfatizó el vicejefe de Gobierno.
Al intervenir este jueves en una reunión del Comité Directivo de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, Duc Phoc advirtió que la inclusión de Vietnam en la “lista gris” del GAFI afectará significativamente la economía.
Los ministerios y sectores deben priorizar los recursos para cumplir los planes de acción comprometidos con el GAFI, prestar atención al trabajo de información y elaboración de informes para actualizar los resultados, y solicitar apoyo técnico al Grupo Asia-Pacífico (APG, por sus siglas en inglés) sobre el Lavado de Activos cada tres meses, indicó.
Instruyó asimismo al Banco Estatal de Vietnam (BEV) para que sintetice la información de los ministerios y sucursales para reportarla al primer ministro trimestralmente, y urgió a establecer una pronta conexión con países que salieron de la “lista gris” para organizar intercambios y estudiar sus experiencias.
Duc Phoc subrayó también la importancia de que el GAFI aprecie los esfuerzos incesantes de Vietnam para implementar las recomendaciones de acción, desde la elaboración de documentos legales hasta su cumplimiento.
En ese sentido, y según reseñó la agencia de noticias VNA, el vicegobernador del BEV, Pham Tien Dung, recordó que tras conocerse en la evaluación multilateral del APG sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en enero de 2022, se presentó al primer ministro para su promulgación un Plan de Acción Nacional para el periodo 2021-2025.
El GAFI incluyó a Vietnam en la “lista gris” en junio de 2023 y en febrero del año en curso fue promulgado el programa nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El plan establece 17 acciones específicas, incluida la demostración de que las autoridades competentes tienen una mejor comprensión de los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y adoptan medidas para mitigarlos mediante la implementación de estrategias y políticas relacionadas.
Prevé también prestar atención al fortalecimiento de la colaboración multilateral en materia de extradición y asistencia jurídica y la llamada cooperación informal (de organismos encargados de hacer cumplir la ley y unidades de inteligencia financiera) con socios extranjeros proporcionando información sobre los delincuentes y sus activos.
Además, garantizar que las autoridades competentes reciban los recursos adecuados para llevar a cabo la colaboración internacional, y desarrollar un marco legal para prohibir o regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de estos, entre otras acciones.
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