Las acusaciones hacen referencia a prerrogativas de residencia y trabajo protegidos por un acuerdo suscrito entre ambas partes a raíz de la salida de Londres del mecanismo comunitario.
El pacto establece los derechos que Reino Unido debe respetar tras la ruptura en el caso de los europeos que ya gozaban de libertad de movimiento en el país a finales de 2020, cuando se consumó el Brexit.
Sin embargo, Bruselas considera que hubo incumplimientos desde entonces e inició un expediente sancionador contra Londres que, según servicios comunitarios, será elevado ante la Justicia europea.
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