⭕ #ATENCION | En este momento el paro sigue en pie en #Napo hasta que el Gobierno cumpla con:
1. El contrato de la cárcel sea dado de baja definitivamente.
2. Renuncie Gary Rinadeneyra, Gobernador de Napo.
3. Se transparente cuál será la repotenciación de la cárcel en Archidona. pic.twitter.com/xZMUt9O7PH— CONFENIAE (@confeniae1) December 17, 2024
La organización informó en sus redes sociales que tras dos semanas de protestas se mantienen en pie de lucha hasta que el contrato de la prisión, inicialmente prevista para ser edificada en la comunidad de Archidona, sea dado de baja definitivamente.
Asimismo, piden la renuncia del gobernador provincial de Napo, Gary Rinadeneyra, y solicitan transparencia en el proceso de repotenciación de la cárcel que ya existe en Archidona.
El Ministerio de Gobierno informó este lunes que el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, ofreció que esa localidad costera de la provincia de Santa Elena acoja el proyecto penitenciario.
El Ejecutivo indicó que aceptó la invitación realizada por la administración local y resolvió trasladar a esa ciudad la segunda cárcel de máxima seguridad, pues un primer centro de ese tipo ya se erige en otro punto del propio territorio de Santa Elena.
El pasado 10 de diciembre de 2024, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) adjudicó el contrato para la edificación de la prisión por 52 millones de dólares en un terreno rodeado de centros educativos en Archidona.
La decisión de la administración de Daniel Noboa de cambiar el lugar del centro carcelario se dio en el decimoquinto día consecutivo de manifestaciones por parte de los habitantes de Archidona y localidades vecinas, que mantuvieron cierres viales en varios puntos como protesta.
“El Gobierno ha escuchado el clamor del pueblo amazónico”, celebró la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa, en declaraciones a la emisora Radio Pichincha.
Grupos sociales y líderes locales aseguraron que ese modelo de prisión en Archidona tendría un impacto en el entorno natural, en la economía y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares que será inaugurada en 2025.
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