Mediante su cuenta en X, Abad explicó que esta denuncia fue presentada en la Fiscalía el 4 de enero pasado, es decir, cinco días antes de que ella solicitara la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A su vez, la acusación se produjo después de que el presidente Daniel Noboa encargara por tres días la jefatura del Ejecutivo a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, quien desde este jueves y hasta el domingo 12 de enero está al frente del Gobierno.
«¡Qué clarividente la secretaria/presidenta, les falló mi apresamiento!», indicó Abad en la red social.
La denuncia, cuya imagen compartió la vicemandataria, fue presentada por una persona identificada como Ida Paez e incluye a las asambleístas de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz y Esther Cuesta, titular y presidenta encargada del Parlamento, así como a los legisladores Ottho Vera y Alexandra Castillo.
Además, Abad informó sobre la revocatoria de las medidas de protección que le había otorgado la Junta Cantonal de Derechos Humanos, de Quito.
«¿Es este cambio una estrategia para intimidarme?», cuestionó la vicemandataria tras sugerir posibles injerencias del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Ante los nuevos acontecimientos, Abad responsabilizó por su integridad y la de su familia a Noboa y a su gabinete.
Este jueves, en rueda de prensa, la titular de la vicepresidencia catalogó como un “golpe de Estado” orquestado por el propio Gobierno la decisión de reemplazarla mediante un decreto, por Gellibert durante la breve licencia de Noboa para la campaña electoral.
La Asamblea rechazó ese decreto y poco después el mandatario interpuso una denuncia penal contra el secretario general del órgano legislativo, Alejandro Muñoz, por el supuesto delito de simulación y usurpación de funciones públicas.
Ese enredo jurídico, de múltiples denuncias y decretos, ocurre mientras Ecuador se encuentra en plena fase proselitista con vistas a los comicios del 9 de febrero, donde Noboa es uno de los 16 aspirantes a llegar al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo nacional.
Sin embargo, no pidió licencia, como indica el Código de la Democracia para toda la fase proselitista, y para sustituirlo durante los días que sí dedicará a la campaña designó a una funcionaria, que no es la vicepresidenta Abad, lo cual ha sido rechazado por juristas.
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