En un comunicado, la CTA-A acusó al Ejecutivo de Javier Milei de violar los derechos humanos, actuar contra la democracia y fomentar el negacionismo de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983). Además, lo responsabilizó por la destrucción de las conquistas alcanzadas, tras décadas de lucha, por organizaciones políticas y sociales.

La ofensiva se materializa en discursos de odio con expresiones reivindicadoras de ese régimen por Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ataques a referentes de los derechos humanos, la visita de diputados a condenados por delitos de lesa humanidad y la utilización de recursos jurídicos para buscar una amnistía para esos represores, señala el texto.

Además, denuncia el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos del Ministerio de Defensa que aportaban información en los juicios sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, y la disolución de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, encargada de la búsqueda de niños robados en aquellos años.

Por otra parte, la CTA-A condena el intento de cerrar sitios y áreas claves de la Secretaría de Derechos Humanos, así como el despido de cientos de trabajadores.

Preocupa la situación del Archivo Nacional de la Memoria, creado en 2003, y que constituye el principal acervo para la preservación de toda la información, testimonios y documentos relacionados con las violaciones perpetradas durante el régimen dictatorial, apunta el documento.

No podrán con la fuerza de la memoria colectiva. Nuestros 30 mil detenidos-desaparecidos nos guían. Convencidos de que el camino es la lucha en la más amplia unidad del campo popular, continuaremos exigiendo la reincorporación de los despedidos y el retroceso de todas esas medidas, concluye.

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