El 20 de enero en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el país será evaluado en su desempeño en garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, en momentos en que algunos sectores señalan existe un retroceso en ese campo.
Para esta evaluación distintas organizaciones y organismos presentaron informes a lo largo de 2024 sobre lo que ocurre en este campo.
La evaluación la efectuarán países miembros de la organización que realizarán recomendaciones y sugerencias al estado evaluado sobre cómo mejorar su desempeño.
Ante los evaluadores se encuentra un informe presentado por el Estado, uno de la Procuraduría de los Derechos Humanos, otro del sistema de Naciones Unidas en El Salvador y siete informes y resúmenes preparados por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
Por Oficina del Alto Comisionado en El Salvador, el representante Gerardo Alegría recordó que la ONU cuenta con diferentes mecanismos y este es uno que da a los estados miembros la posibilidad de presentar sus avances cada cuatro años y medios.
Los estados comparten información con el Consejo, cuyos integrantes valoran los avances y desafíos.
Los documentos de los estados se complementan con lo que dicen organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, los relatores y grupos, y todos aquellos que hacen recomendaciones al estado sobre derechos humanos, entre otros.
Todo esto se somete a consideración y se realiza el examen. El lunes ocurrirá el dialogo interactivo donde una delegación del gobierno presenta su posición sobre el tema, y luego un grupo de países inscriptos hacen valoraciones y recomendaciones.
Esto deja un conjunto de recomendaciones y reconocimiento sobre los que el estado debe tomar una posición. Aceptar recomendaciones y otra opción es tomar nota pero no asumir un compromiso de cumplirla, explicó Alegría.
Entre los informes presentados por la sociedad civil hay uno sobre la justicia transicional, un reclamo de larga data en el país, otro sobre los derechos de las personas LGBTI, niñez y adolescencia y situación de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en El Salvador.
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