Los abogados también exigieron que se retiren los cargos contra Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC), y otras personas detenidas durante la manifestación.
En una carta dirigida a la ministra del Interior, Yvette Cooper, describieron la actuación policial durante la protesta como un ataque desproporcionado, injustificado y peligroso al derecho de reunión y protesta.
Instaron al gobierno a tomar medidas, al advertir que la deriva de la ley y la actuación policial británicas plantean una amenaza fundamental al derecho a protestar.
La protesta del sábado pasado, organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina, fue parte de un movimiento más amplio que pedía el fin de las acciones militares de Israel en Gaza.
Sin embargo, los manifestantes se enfrentaron a fuertes restricciones, pues la policía les impidió reunirse cerca de la sede de la BBC o marchar hacia ella.
Los expertos legales sostienen que la policía no ofreció ninguna justificación convincente para las restricciones, a pesar del historial de manifestaciones pacíficas de un año de la PSC.
Sugieren que las acciones de la policía tuvieron motivaciones políticas, destinadas a limitar la eficacia de la protesta y proteger a las instituciones estatales de las críticas.
La carta indica que las pruebas en vídeo contradicen las justificaciones de la policía para los arrestos, lo que genera inquietudes sobre el uso indebido de los poderes policiales.
También destaca preocupaciones más amplias sobre la erosión de los derechos de protesta en el Reino Unido, al citar cambios legislativos recientes que han facilitado a las autoridades restringir las manifestaciones.
Los académicos advirtieron que este patrón de represión se ha dirigido especialmente contra los manifestantes pacifistas y propalestinos, cuyos derechos a expresar pacíficamente su disidencia están cada vez más amenazados.
En la carta, que hace referencia a los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se sostiene que las autoridades del Reino Unido incumplen su obligación de respetar y facilitar la protesta pacífica.
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