De acuerdo con el Consejo, esa operación sería “con fines investigativos”.
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— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 24, 2025
«Esta institución reitera al país y a la ciudadanía que, tal como ha sido su accionar en esta administración, prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el Sistema de Justicia”, indicó el Cpccs en un comunicado.
En videos compartidos en redes sociales, se observa a la policía y agentes fiscales ingresar a las oficinas, ubicadas en el centro de Quito.
Este allanamiento ocurre tras la conformación de una nueva mayoría conocida como Liga Azul y que, según el Gobierno, es afín al correísmo.
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¡Están allanando el CPCCS!
Vivimos una verdadera dictadura.
Regresó Diana Salazar y comenzaron los allanamientos. Mientras tanto, con la decena de delitos encontrados en el celular de Villavicencio, en los que Diana Salazar está directamente involucrada, no han hecho…— Rafael Correa (@MashiRafael) January 24, 2025
El expresidente Rafael Correa se pronunció en su cuenta X sobre lo sucedido este viernes y afirmó que “vivimos una verdadera dictadura”.
“Regresó (la fiscal general) Diana Salazar y comenzaron los allanamientos. Mientras tanto, con la decena de delitos encontrados en el celular de (Fernando) Villavicencio, en los que Diana Salazar está directamente involucrada, no han hecho absolutamente nada”, añadió Correa.
La Fiscalía denominó el caso como “Ligados” e informó que el allanamiento se dio por una presunta “usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por parte de los consejeros de dicha entidad.
El pasado miércoles, tras una decisión judicial, el Cpccs revocó la designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos, quien encabezó la terna enviada por el presidente Daniel Noboa; y en cambio, ratificó la designación de Raúl González para ese cargo.
En respuesta, Romero presentó una solicitud ante la Corte Constitucional para destituir a cuatro integrantes del organismo por un supuesto incumplimiento grave de la sentencia que ratificó su designación y pide que se deje sin efecto jurídico la resolución adoptada por el pleno.
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