Del total, 162 están en investigación, 33 fueron desestimadas, ocho permanecen archivadas, 16 conectadas con otros casos, tres en reapertura, y dos en etapa preparatoria, según la plataforma pública lanzada en mayo de 2024.
El mecanismo detalló que 56 denuncias guardan relación con el sector administrativo, 52 a salud, 41 se vinculan a infraestructura, 29 a seguridad, 11 a educación, igual cifra a desarrollo social tanto como a trabajo, nueve a agricultura, entre otras.
Destacan las irregularidades en la construcción de Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín-Escuintla.
Además, la adquisición de gradas y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
De las últimas de diciembre pasado a esta fecha sobresalen la sustracción de medicamentos, uso irregular de ambulancias, cobros al margen de la Ley en la cartera de Trabajo e irregularidades en operaciones contables de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
El mandatario guatemalteco asumió el 14 de enero de 2024 hasta 2028 enfocado precisamente en ese asunto, así como en la creación de empleos y el combate a la inseguridad.
Al divulgar el primer informe anual de gestión, el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, aseguró que sentaron las bases para continuar impulsando la transparencia en las instituciones del Ejecutivo.
A pesar de estos esfuerzos, el propio jefe de Estado señaló a la fiscal general, Consuelo Porras, como un obstáculo para las investigaciones clave que podrían destapar diferentes redes.
Los Expedientes de corrupción -acorde con entendidos- demuestran el compromiso del Gobierno con las denuncias y permiten a la ciudadanía dar seguimiento a los casos.
npg/znc
