La legisladora del Movimiento al Socialismo (MAS) y secretaria de ese comité, Elsa Ali Ramos, aseguró que Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo, Isidora Jiménez e Yván Espada, son acusados por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, artículos 153, 173 y 163 del Código Penal.

Indicó que esto guarda relación con la designación de Hurtado como presidente del TCP.

Añadió que las declaraciones de Hurtado y Espada, previstas inicialmente para este jueves a las 09:30 hora local, fueron reprogramadas para el viernes a la misma hora debido a la sesión de la Cámara de Diputados que trató dos créditos externos.

Según se informó, figuran entre los denunciantes la excónsul María Oporto, el exministro (2014-2019) César Navarro y el exviceministro (2019-2020) y exdiputado Wilson Santamaría.

Ramos informó que los magistrados prorrogados solicitaron declarar vía virtual ante el Comité, por lo cual descartó su presencia en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En noviembre de 2024, Santamaría declaró que la denuncia presentada contra los magistrados a los que denominó “autoprorrogados” era por la creación de la figura de “decano” y el nombramiento de Hurtado como presidente del TCP en reemplazo de Paul Franco, en ausencia de este.

“Si revisan la Ley del TCP y las normas que rigen esa instancia, no van a encontrar esa disposición que crea ese cargo (decano), pero, totalmente, agrava (su situación) esa toma ilegal (de la presidencia) del Constitucional”, sostuvo entonces Santamaría.

Añadió que los denunciados aprobaron la elección de una directiva, pero la Ley del TCP señala “que es el presidente el que convoca a las sesiones de sala plena y eso no ha ocurrido”.

Subrayó que, como establece la Ley 044, se presentó la denuncia penal a la Cámara de Diputados, para que, como establece el procedimiento, sea remitido a la Comisión de Justicia Plural que, a su vez, la derivará al Comité del Ministerio Público, el cual actúa como Fiscalía en la ALP.

El 26 de noviembre último, El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, confirmó en conferencia de prensa que existía una crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras el nombramiento irregular de una nueva Presidencia.

“Hemos recibido una carta (…), Paul Franco firma como presidente del Tribunal Constitucional. A su juicio, actos irregulares se hubieran suscitado, tanto en la designación de la Decanatura como de la Presidencia del Tribunal”, afirmó Siles.

Sostuvo entonces que, “evidentemente, estamos en una crisis institucional que espero que al interior del Tribunal pueda resolverse inmediatamente”.

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