En un oficio dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommefeld, la asambleísta solicitó conocer qué acciones se tomarán para garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en tránsito migratorio hacia territorio estadounidense en el nuevo contexto.

Garzón preguntó también sobre si han destinado recursos para fortalecer la red consular en Estados Unidos en aras de responder al incremento de casos relacionados con ecuatorianos afectados por las nuevas directrices migratorias implementadas por la administración Trump.

Las políticas antiinmigración de ese Gobierno afectan a miles de compatriotas en Estados Unidos, vulneran sus derechos y es algo que golpea directamente nuestra economía dolarizada, que depende en gran medida de las remesas, advirtió la asambleísta.

Expuso datos sobre cómo la emigración ecuatoriana aumentó en los últimos años, cuando datos oficiales indican que en 2023 el déficit migratorio alcanzó 121 mil 335 personas y entre enero y julio de 2024 sumaron 99 mil 753 ecuatorianos que salieron del país sin retorno.

Paralelamente, hubo un alza del 24,4 por ciento de las remesas en el tercer trimestre de 2024 frente a igual periodo del año anterior, según el Banco Central, así como un incremento de las transferencias bancarias.

La emigración masiva refleja la falta de oportunidades y la ausencia de planes de contingencia para proteger a nuestros migrantes expone su vulnerabilidad, mientras países vecinos implementan estrategias basadas en derechos humanos, Ecuador carece de un enfoque integral, lamentó Garzón.

Reportes de prensa indican que hay ecuatorianos detenidos como parte de las redadas realizadas en Estados Unidos contra indocumentados.

Ecuador recibe con frecuencia vuelos con ciudadanos deportados desde la nación norteña, pero no se ha dicho si en las actuales circunstancias se incrementarán.

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