El jefe del gabinete planteó la pertinencia de acciones judiciales contra quienes intervinieron en el allanamiento de marzo de 2024.

“La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción es imperdonable” dijo y afirmó que, «amerita acciones judiciales” contra quienes ejecutaron la orden judicial de allanamiento de la vivienda, por lo que llamó un atropello.

Se negó a aceptar que jueces y fiscales involucrados hicieron su trabajo y aseveró que hay que determinar quién pidió el allanamiento y bajo qué circunstancias lo pidió.

En la operación mencionada, el fical a cargo y los policías solicitaron ingresar a la casa de Boluarte, quien no estaba allí, y su hijo no abrió la puerta, por lo cual aplicaron el procedimiento establecido para que los ocupantes no destruyan u oculten pruebas.

Tras el incidente, el jefe de la unidad policial de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, coronel Harvey Colchado, fue suspendido por la difusión de la foto de un pastel de cumpleaños decorada con un muñeco que usaba una especie de ariete ante una puerta, evocando el allanamiento.

Aquella inclusión fue autorizada por el juez que supervisa la investigación a Boluarte por presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, debido a la posesión de joyas de alto valor no incluidas en su declaración patrimonial, mientras ella alega que le fueron prestadas por un amigo y aliado político.

Colchado recientemente fue retirado de la Policía Nacional, medida que ha impugnado en los tribunales, argumentando que es víctima de una represalia gubernamental.

El Ejecutivo niega que la caída de Colchado sea una venganza de la presidenta y asegura que las citadas medidas en su contra fueron tomadas en forma autónoma por los mandos policiales.

Adrianzén alegó por otra parte que la presidenta es víctima de una “persecución judicial”, alusión a las investigaciones por casos de presunta corrupción y su impacto en la prensa.

El Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso para que precise los alcances de la inmunidad presidencial establecida por la constitución y plantea que las investigaciones deben cesar en virtud de tal disposición.

El primer ministro rechazó comparaciones con otros casos que consideró “significativamente diferentes”, en aparente alusión al del expresidente Pedro Castillo, en el cual la Fiscalía investigó por primera vez en la historia a un gobernante alegando que la inmunidad solo impedía formular acusación en su contra para fundamentar una acusación a presentarse tras el fin de su mandato.

El hoy defenestrado Coronel Colchado, por ello, allanó la residencia presidencial del Palacio de Gobierno en busca de una hija adoptiva del mandatario implicada en un caso de presunta corrupción.

rc/mrs