Serán en total 65 testigos, 40 presentados por la Fiscalía y 25 por la defensa del exgobernante encarcelado y destituido por el Parlamento, al intentar el 7 de diciembre de 2022 la disolución de este con el apoyo militar y policial, respaldo que le fue negado por los uniformados, que cerraron filas con el Congreso.
Entre los llamamientos a declarar figura el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Manuel Gómez de la Torre, quien ejercía el cargo durante las operaciones militares y policiales que sofocaron las protestas contra el ascenso de la vicepresidenta de entonces, Dina Boluarte, como sucesora de Castillo.
Esas operaciones dejaron un saldo de medio centenar de civiles muertos, casi todos por disparos de los uniformados, según organizaciones de derechos humanos.
También serán interrogados los ex comandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro; excolaboradores de Castillo, como sus exministros Emilio Bobbio (Defensa), Félix Chero (Justicia), César Landa (Relaciones Exteriores), Alejandro Salas (Trabajo) y Heidi Juárez (de la Mujer),
Deberán dar sus testimonios igualmente los congresistas de derecha extrema Martha Moyano, Vivían Olivos, Adriana Tudela y Diego Bazán, y el abogado Benji Espinoza, exdefensor del exmandatario.
El tribunal se instalará en la cárcel para exfuncionarios de alto rango que Castillo ocupa al igual que el neoliberal Alejandro Toledo, condenado por corrupción a 20 años y seis meses de prisión
Las audiencias se iniciarán allí el 4 de marzo y continuarán todos los martes, jueves y viernes, a diferencia de la etapa de investigaciones y debate previa al juicio, en las que el exgobernante participó a distancia, por tele-conferencia.
Castillo ha intentado en vano obtener su libertad y la cancelación del proceso, con el alegato de que el principal delito que se le imputa, de rebelión, se comete, según el código penal, al levantarse en armas colectivamente, lo que él no hizo.
Sin embargo, sus acusadores sostienen que califica como uso de armas el hecho de haber ordenado Castillo a las Fuerzas Armadas y la Policía que pongan en práctica el decreto de disolución del Parlamento y reorganización de los órganos de justicia.
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