La llamada demanda competencial solicita que el Tribunal Constitucional “precise los alcances de la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución”, según el Gobierno para evitar excesos que afecten las facultades presidenciales.
El citado artículo indica que un presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la Patria; por impedir elecciones; por disolver el Congreso o por impedir que se reúnan o funcionen el Parlamento o los organismos electorales.
La edición digital del diario La República afirma que mediante el recurso, Boluarte pretende eludir diversas investigaciones del Ministerio Público a la mandataria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y otros.
El constitucionalista Natale Amprimo señaló que el artículo citado solo prohíbe acusar judicialmente a los presidentes, mas no impide investigarlos, lo que tiene un precedente en el caso del expresidente Pedro Castillo.
Agregó que admitir el recurso de Boluarte es un paso formal que no significa un adelanto de opinión a favor de la presidenta y señaló que ella incurre en una contradicción al haber declarado que se somete a la justicia y presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, reveló que Boluarte no respondió las preguntas de la Fiscalía sobre una de las indagaciones, pese a sostener que colabora con la justicia.
El recurso presentado hoy sostiene que el Ministerio Público y el Poder Judicial han ejercido sus facultades de investigar presuntos delitos y administrar justicia “de manera indebida, afectando las atribuciones del presidente de la República”.
El abogado Heber Campos recordó que el Poder Judicial dictaminó (en el caso de Castillo) que un mandatario sí puede ser investigado, sin llegar a que se le acuse hasta el fin de su periodo de gobierno.
Boluarte es investigada por muertes durante la represión a las protestas contra su ascenso a la Presidencia, como sucesora del presidente Castillo, tras ser este encarcelado y destituido por intentar disolver el Parlamento.
También es investigada por la desactivación de la unidad policial de apoyo a la Fiscalía Anicorrupción, tras haber allanado esa unidad la casa de la mandataria como parte de otra indagación sobre la posesión de joyas y relojes de lujo que según Boluarte recibió como préstamo de un amigo y aliado político.
De otro lado, un informe de la Contraloría consigna que Boluarte registró en 2024 ingresos por 792 mil soles (214 mil dólares), casi cinco veces los ingresos que declaró en 2021, ante lo cual, su abogado, Juan Carlos Portugal, alegó que el nuevo monto está plenamente justificado por la gobernante.
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