Debido a acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados para la inteligencia, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó la víspera una moción de destitución del cargo.

El Senado comunicó este jueves que reanudará sus sesiones el 2 de junio, después de las elecciones de mitad de mandato, previstas para mayo.

Si progresa el juicio político contra Duterte, la funcionaria sería expulsada del puesto de vicepresidenta de la nación.

Además, quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo cual le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.

Hasta junio del pasado año, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso de forma indebida de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

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