El Supremo Tribunal Federal (STF) comenzó el año judicial con la deliberación de una propuesta que cuestiona el exceso de poderío utilizado por los agentes en favelas (conjunto de viviendas populares construidas de forma irregular y precaria) y comunidades de Río.

La acción en cuestión es la denominada Sentencia de Incumplimiento del Precepto Fundamental 635, más conocida como ADPF de las Favelas.

Fue sugerida a finales de 2019 por el Partido Socialista Brasileño e interpuesta en conjunto con una serie de movimientos negros, de madres y familiares de víctimas de la letalidad policial y organizaciones de la sociedad civil.

Por lo visto, la ADPF de las Favelas apunta a la adopción de medidas estructurales que puedan frenar y revertir políticas de seguridad pública históricamente pautadas en el racismo y la violencia contra territorios negros y comunidades adyacentes.

Fachin, relator del caso, aseguró que vota por el uso gradual de la fuerza, no en su máxima potencialidad. «Parto de esta premisa, que no se justifica a priori el uso de fuerza letal. Estrictamente, solo en cada caso concreto se puede evaluar la existencia o no de legítima defensa», alegó.

Además, el juez aceptó parcialmente un plan presentado por el Gobierno estadual de la división territorial para combatir la violencia policial.

Durante su intervención, destacó la importancia de la discusión: «Entiendo que la situación de omisión y la violación generalizada no cesarían sin pronunciamiento concluyente de este tribunal», refirió.

El magistrado instó a los estados y municipios a que envíen datos sobre las víctimas de la violencia durante las cruzadas de uniformados, con un enfoque en la transparencia.

«No se trata de metas, sino indicadores de lo que pasa», aclaró el ponente, quien calificó de mentira y error atribuir al STF los «problemas crónicos» de seguridad en Río.

En la misma audiencia, el ministro Alexandre de Moraes manifestó que es necesario poner a disposición «el armamento más pesado posible que la policía tenga» para combatir las milicias y el tráfico de drogas en la llamada Ciudad Maravilla.

La nocividad de la acción de fuerzas del orden en las favelas es un reflejo de la desigualdad estructural y sigue siendo uno de los desafíos más grandes para la democracia y la justicia social en el gigante sudamericano.

El juicio en el Supremo fue suspendido y debe reanudarse en hasta cuatro semanas, según el presidente de la corte superior, ministro Luis Roberto Barroso.

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