Advirtió el titular que “en la Cámara de Senadores se ha aprobado un proyecto de ley que tiene el objetivo de estrangular a la economía nacional, es un sabotaje conspirativo que se está haciendo eliminando otros 11 artículos con la excusa de derogar el séptimo de la Ley número 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025”.
Durante la conferencia de prensa, Montenegro criticó la intención de los senadores de eliminar artículos ligados a la política económica proyectada para el año en curso y apuntó a una “conspiración” que está en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Lo que hicieron, ayer por la noche, está en contra de la CPE (…). En su momento haremos la representación debida, si esto llega a una situación definitiva”, enfatizó la autoridad.
Anticipó que, como Gobierno nacional, el Órgano Ejecutivo hará respetar la voluntad popular de ser el que aplique su mandato concretado en 2020, cuando el presidente Luis Arce recibió un respaldo del 55,11 por ciento de los votos en los comicios generales. Reiteró ante los representantes de los medios periodísticos que la política de industrialización con sustitución de importaciones está establecida en la Ley del PGE 2025, aprobada el 1 de enero del año en curso.
Según opinó, “la excusa” ha sido el artículo séptimo de esta ley “aprovechando” para eliminar los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21 también.
“Con estas acciones -explicó el ministro-, eliminan la posibilidad de financiamiento con la emisión de bonos soberanos y por vía bonos del carbono; los colaterales que nos ayudarían a reducir la tasa de los intereses de los créditos externos (…)”.
Asimismo, lamentó que vetan los incentivos a la industrialización y a la reinversión en el país; la reanudación de facilidades de pago, la producción de biodiésel boliviano y el apoyo a la producción nacional.
Indicó la autoridad que, además, existen disposiciones vigentes que están en riesgo de ser derogadas, como la subvención a los alimentos e hidrocarburos, lo que afecta a varias instituciones y entidades públicas.
Mencionó entre ellas a entidades territoriales autónomas, universidades; más de 50 mil contribuyentes, productores de la micro y pequeña empresa; sectores de salud y educación, al igual que a la economía nacional en general. Concluyó Montenegro que estas acciones son una prueba “tácita” de querer frenar la política económica, “porque saben que la política económica que el Gobierno está instaurando, va a salir adelante”.
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