La jornada fue convocada por la Asociación nacional de Integración del Transporte (Anitra), que agrupa a transportistas informales, por lo que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, intentó descalificarlos y los emplazó a legalizar sus actividades.

La mayoría de los medios de prensa estimaron que la ciudad vivió un día casi normal, mientras el Ejecutivo sostuvo que el servicio de transporte urbano funcionó plenamente y la Anitra estimó que esta se cumplió en un 50 por ciento.

El vicepresidente de Anitra, Julio Campos, sostuvo que la jornada fue exitosa para su organización porque por primera vez en mucho tiempo los choferes salieron a trabajar con seguridad debido al despliegue de miles de policías.

“El balance es exitoso porque hoy nos sentimos más seguros que nunca”, manifestó el dirigente, al demandar seguridad para los transportistas.

El despliegue policial fue anunciado ayer por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien dijo que si hubiera violencia, los uniformados actuarían inmediatamente en cuanto “se lanzara la primera piedra”.

La Anitra y amplios sectores políticos, sociales y mediáticos, piden el retiro del cargo de Santiváñez, por considerar que ha fracasado en la lucha contra la creciente criminalidad, que en lo que va del año ha asesinado a 201 peruanos, 64 de ellos en Lima.

La falta de participación de otros sectores de transportistas fue consecuencia de la abstención de las empresas formales, cuyos representantes alegaron que la protesta estaba politizada, argumento que compartieron con miembros del gobierno.

Sin embargo, los gremios privados dejaron en claro que están de acuerdo con la demanda al gobierno de seguridad frente a las extorisones y el sicariato.

La versión de Internet del diario La República citó a un dirigente de una de las empresas, a quien no identificó y según declaró estas no participan en la protesta porque la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de la capital las amenaza con anular sus permisos de operaciones.

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