Al decir de la vicemandataria, la dimisión es un extremo al que no desea llegar ahora mismo y lo ve incluso muy lejos.

Debido a acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el pasado miércoles una moción de destitución del cargo, sin embargo, el Legislativo no tomará ninguna decisión hasta el reinicio de sus sesiones, el 2 de junio.

Hasta junio del pasado año, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso de forma indebida de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

En diciembre, su comentario de haber dado órdenes de matar al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada, desató gran polémica y fue tomada como una amenaza por el máximo gobernante filipino.

Si progresa el juicio político contra Duterte, la funcionaria sería expulsada del puesto de vicepresidenta de la nación.

Además, quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo cual le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.

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