En un mensaje divulgado en su cuenta en X, precisó que antes de que termine el mes presentará ese recurso, bajo el argumento de ser víctima de una injusticia.

La Corte dirá si lo soy, como lo creo, y sacará sus conclusiones, subrayó el otrora mandatario, a quien le colocaron ayer el brazalete electrónico para cumplir la sentencia, la cual abandonó la idea de la reclusión.

Sarkozy también informó su decisión de poner una pausa en sus actividades como expresidente y de renunciar a toda expresión mediática, por respeto a las “eminentes funciones que ejercí”.

El parisino de 70 años, ya retirado de la política, recibió el pasado 18 de diciembre la ratificación por la Corte de Casación, la más alta jurisdicción de Francia, de la sentencia dictada en 2021 por el llamado «asunto de las escuchas».

Entonces, Sarkozy fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos con internamiento, pero después de la apelación, el tribunal de última instancia le impuso portar el brazalete electrónico durante el año de castigo, con los otros dos ya previamente suspendidos.

Según el proceso, el expresidente intentaba obtener a través del juez Gilbert Azibert información sobre una causa por financiamiento de su campaña en 2012, a cambio de un ascenso para el magistrado.

El asunto data del 2013, cuando en el contexto de investigaciones por financiamiento ilegal de su campaña presidencial del 2007, la justicia ordenó seguir las conversaciones de Sarkozy, lo cual reveló la existencia de una línea secreta utilizada para comunicarse sobre el tema con su abogado Thierry Herzog.

También Azibert y Herzog fueron sentenciados por el «asunto de las escuchas».

Sarkozy puede ausentarse de su domicilio entre las 08:00 y las 20:00, hora local, plazo extendido los lunes, miércoles y jueves hasta las 21:30, por el juicio que enfrenta desde el 6 de enero, acusado de financiación ilegal de su campaña del 2007 con dinero libio, a partir de un alegado pacto con el asesinado líder Muamar Gadafi.

En el Tribunal Correccional de París arrancó el proceso contra el otrora estadista y 12 personas más, en general bajo acusaciones como corrupción, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir.

La acusación tiene que ver con la financiación de su campaña en 2007, en definitiva victoriosa, a partir de un pacto de corrupción con Gadafi, que se habría materializado durante la visita a Trípoli en octubre del 2005 del entonces jefe de Estado galo.

Entre los documentos se citan la promesa de 50 millones de euros a cambio de acciones diplomáticas, económicas y judiciales.

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