En declaraciones a la prensa, el secretario general de ese sindicato, Rodolfo Aguiar, alertó sobre las consecuencias de esa medida, entre ellas la paralización de las obras para construir más de 100 mil casas, “en las que se habían invertido más de tres mil millones de dólares”.

“Siguen destruyendo puestos de empleo, no sólo en el Estado, sino también en el sector privado. Cierran y fusionan organismos, pero no explican cuáles son los beneficios para la sociedad. Propagandizan y se jactan de supuestos ahorros multimillonarios, pero no construyeron ni 10 metros de asfalto, no cambiaron una lámpara del alumbrado público y ni siquiera están pagando deuda porque en solo un año la duplicaron”, añadió el dirigente.

Además, calificó de destructivo e ineficiente el programa económico del Ejecutivo.

Según un relevamiento de ATE, la mayoría de los proyectos paralizados se encuentran en alrededor del 80 por ciento de ejecución.

“El acceso a la vivienda es un derecho que estaba vulnerado y esta medida lo termina de aniquilar. A partir de ahora, el Gobierno genera un enorme déficit habitacional, imposible de saldar siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó Aguiar.

El decreto vulnera ilegalmente los derechos adquiridos de 500 trabajadores que quedarían en disponibilidad, agregó.

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