En declaraciones a un canal de televisión, Cálix cuestionó la veracidad del llamado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, presentado este martes por la citada organización no gubernamental (ONG).

Según la clasificación de TI, Honduras obtuvo una evaluación de 22 puntos en el IPC, lo que representa un retroceso de una unidad respecto a la puntuación de 23 conseguida en 2023.

El director de la institución estatal puso en tela de juicio el comportamiento tanto de Transparencia Internacional como el de su sección en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Denunció que la ASJ y su director, Carlos Hernández, carecen de ética y moral para hablar de corrupción.

“Hay que decirle al pueblo quién es Transparencia Internacional y su capítulo en Honduras, que es la ASJ y Carlos Hernández”, subrayó.

Recordó que TI, Hernández y la ASJ concedieron en su momento un reconocimiento al “narcotraficante Juan Orlando Hernández”, en alusión al expresidente hondureño (2014-2022) condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Ellos entregaron un diploma de transparencia a Juan Orlando y calificaron de diáfana su gestión gubernamental, justo el mismo año que trascendió el sonado desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, enfatizó Cálix.

Con qué argumentos nos vienen a cuestionar, es más, la ASJ debería sentir vergüenza y pedirle perdón al pueblo hondureño por haber sido parte del narcogobierno, en lugar de dedicarse solo a criticar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, arremetió el director de Aduanas.

Fueron miembros de comisiones interventoras de la anterior administración de un narcotraficante, remarcó.

Contrastó que durante los tres años de gestión de la mandataria Castro se derogaron los corruptos fideicomisos y un decreto que impedía al Ministerio Público (MP) investigar las ilegalidades.

Además, se creó la Secretaría (ministerio) de Transparencia y se eligió una Corte Suprema de Justicia y un MP sin “tilín-tilín” (prácticas utilizadas por la dictadura en el Congreso Nacional para aprobar leyes acordes con sus intereses), añadió.

Cálix precisó que, por instrucción de la presidenta, las cuentas bancarias de los funcionarios son auditadas y revisadas periódicamente para evitar el enriquecimiento ilícito de los trabajadores del Estado.

Para el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Jaime Turcios, el informe de TI es injusto, poco realista y con intenciones políticas.

Aseveró que en el actual gobierno no ha habido ningún acto de corrupción y se trabaja para mejorar los controles internos de la administración central y alcaldías.

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