En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se precisa que la primera operación aérea, la víspera, con el arribo de 119 indocumentados forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia migratoria.

En julio pasado, Panamá firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación de migrantes que cruzaron de forma ilegal el Tapón del Darién, sin embargo, esta es la primera vez que el país recibe un vuelo procedente del norteño pais bajo este acuerdo.

La medida llamó la atención, pues la Cancillería comunicó en diciembre pasado que el país no recibiría a migrantes de otras nacionalidades.

Sin embargo, el propio jefe de Estado, José Raúl Mulino, anunció a la prensa la llegada del primer vuelo con 119 migrantes repatriados desde Estados que se produjo en el Aeropuerto de Panamá Pacífico y se esperan otros dos para completar un total de 360 personas.

Según el vicecanciller Carlos Ruíz-Hernández , los migrantes trasladados en el primer vuelo provienen de países como Irán, Uzbekistán, Turquía, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán.

Precisó que del total de personas en tránsito, 37 son mujeres y 82 son hombres, los cuales han sido debidamente registrados y no presentan antecedentes penales.

El funcionario agregó que el financiamiento del traslado está a cargo del gobierno de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Los costos incluyen el hospedaje y transporte de los migrantes mientras permanezcan en Panamá, previo a su salida hacia sus respectivos países de origen.

El proceso de repatriación incluye un período de estadía temporal en el istmo. En las primeras horas después de su llegada, los migrantes fueron alojados en un hotel local, mientras se acondicionan instalaciones en San Vicente, provincia de Darién, para facilitar su posterior traslado y asistencia humanitaria.

La operación de tránsito contempla la llegada de al menos tres vuelos con migrantes en las próximas semanas, aunque las autoridades locales indicaron que cualquier ampliación de este esquema requerirá nuevas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos.

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