La movilización estuvo a cargo de quienes trabajaron como voluntarios en el citado certamen, cuya organización fue responsabilidad del grupo Legado, integrado por ejecutivos privados que, con el pleno apoyo financiero y logístico del Estado, consiguieron terminar las obras de infraestructura para las competencias.
Los manifestantes marcharon por las calles del distrito limeño de Miraflores y rechazaron el decreto gubernamental que dispuso la extinción del Proyecto Legado, creado tras los juegos de 2019 para que el equipo privado organizador de los mismos, se encargue del cuidado y la administración de los escenarios deportivos.
El decreto dispuso que esa infraestructura y el importante presupuesto de Legado quede en manos del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La marcha enarboló el lema Seguimos Jugando y demandó a la presidenta Dina Boluarte un diálogo sobre el tema y pidió al Congreso de la República que reconsidere el decreto y se evite la desaparición de Legado.
El Gobierno argumenta que este es un proyecto especial, por lo que tiene carácter temporal y no permanente y señala que el IPD pidió asumir sus funciones como ente rector del deporte nacional.
El manejo privado de la infraestructura de los juegos, por la cual Perú obtuvo nuevamente la sede de los Panamericanos de 2025, es impugnado también por la prensa y políticos de diversas posiciones que coinciden en señalar los problemas de presunta corrupción que afectan al Gobierno y en particular al IPD.
Según declaró a Prensa Latina el parlamentario de izquierda Jaime Quito, la institucionalidad estatal debe fortalecerse, pero el Gobierno actual, solo disuelve a Legado para beneficiar a sus allegados.
El extituar de Legado Carlos Neuhaus cuestionó la decisión gubernamental y apuntó que la administración de los escenarios deportivos, dejados por los Panamericanos, son desde hace tiempo objeto de la codicia de quienes pretenden asumirla para beneficiarse.
El alcalde de derecha extrema de Lima, Rafael López-Aliaga, y afín políticamente a Neuhaus, pidió al Parlamento que dicte una ley que anule la disolución de Legado.
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