Según revelaron medios locales de prensa, el equipo de letrados tiene vínculos con el padre de la funcionaria, el expresidente Rodrigo Duterte, quien gobernó el país de 2016 a 2022 y que en la actualidad enfrenta una denuncia penal por comentarios de violencia extremista realizados durante un mitin de campaña.

De manera directa, el político propuso asesinar a 15 senadores para llenar los escaños correspondientes con candidatos de su propio partido y sugirió que una forma de hacerlo era causando una explosión.

En defensa de la hija de Duterte, el grupo de abogados alega que el proceso fue inconstitucional, pues la denuncia no se verificó adecuadamente y tampoco hubo la debida deliberación.

También, los legisladores insisten en que la vicepresidenta no tuvo la oportunidad de responder a las peticiones de dimisión antes de que la queja fuera transmitida al Senado.

Con una actitud desafiante, la vicemandataria rechazó la semana pasada la idea de renunciar, luego de que el Senado programara el inicio del juicio político en su contra para junio.

Debido a acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia, la Cámara de Representantes de Filipinas recién aprobó una moción de destitución del cargo; sin embargo, el Legislativo no tomará ninguna decisión hasta el reinicio de sus sesiones, el 2 de junio.

En junio de 2024, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso de forma indebida de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

Casi medio año después, en diciembre, su afirmación de haber dado órdenes de matar al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada, desató gran polémica y fue tomada como una amenaza por el máximo gobernante filipino.

De progresar el juicio político contra Duterte, la funcionaria sería expulsada del puesto de vicepresidenta de la nación.

Además, quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo cual le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.

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