En ese contexto, serán examinadas las normas esbozadas en el texto para abordar diversas como el derecho del consumidor a autorizar servicios, cancelar la reserva, la información en el idioma oficial y la doble fijación de precio.

También será un momentos para reflexionar sobre la divulgación del precio de los bienes y servicios, los daños resultantes del uso del servicio o bienes, las condiciones de exigencia y la aceptación del pago, entre otras temáticas.

Precisa el sitio digital Associates Times, que los asistentes evaluarán si son necesarias medidas adicionales, legislativas y de otro tipo, para garantizar la equidad entre los consumidores y los proveedores de servicios y comercio.

Ahora la división está recabando la opinión de las partes interesadas, incluidos consumidores, comerciantes, proveedores y organizaciones que estén interesadas en recopilar más información.

Entre los comerciantes se incluyen los dueños de tiendas y almaceneros, supermercados, ferreterías, suministradores de materiales de construcción y otros.

Los proveedores de servicios pueden ser operadores turísticos, agencias de viajes, mecánicos, contratistas, plomeros y otros.

El objetivo de la futura norma es promover el bienestar social y económico de los consumidores mediante la protección de sus intereses.

Esta legislación trataría de establecer un mercado de consumo que sea justo, ético, eficiente y sostenible y que actúe en beneficio de la población.

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