Bolsonaro es acusado de los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

La PGR afirmó que el exmilitar fue el líder de la organización que intentó derrocar la democracia en Brasil.

Si la denuncia es aceptada por el Supremo Tribunal Federal (STF), el exjefe del Ejecutivo se convertirá en acusado y pasará a responder a un proceso penal en la corte superior.

Ademas fueron imputados el exministro de la Casa Civil y Defensa, general retirado Walter Braga Netto, y el exayudante de órdenes, teniente coronel Mauro Cid. En total, son 34 inculpados.

De acuerdo con la denuncia de la PGR, firmada por el fiscal general Paulo Gonet, el exgobernante sabía del plan para matar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2022 y estuvo de acuerdo con la trama.

Según Gonet, «para una mejor comprensión de los hechos narrados, conviene recordar que, a partir de 2021, el presidente de la República adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus repetidos pronunciamientos públicos», refirió.

En tales arengas, puntualizó, expresaba descontento con las decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente.

Asimismo, de acuerdo con el fiscal, Bolsonaro se volvió más antidemocrático desde las elecciones de 2022.

«Esta escalada ganó impulso más notable cuando Luiz Inacio Lula da Silva, visto como el contendiente más fuerte en la disputa electoral de 2022, se convirtió en elegible», acotó.

La acusación representa el paso más avanzado de una investigación contra Bolsonaro en el Supremo.

En los últimos años, la PF concluyó que el político ultraderechista cometió crímenes en al menos cinco indagaciones que se tramitan en la corte superior y en tres de ellas fue acusado.

Primeramente, en la pesquisa que confirma fraude en su tarjeta de vacunación de la Covid-19, en la venta ilegal de joyas sauditas regaladas al Gobierno y posteriormente negociadas en Estados Unidos, y en la trama golpista.

La sonada denuncia será analizada por la primera sala del Supremo. El colegio está presidido por el ministro Cristiano Zanin, quien debe marcar la pauta de los juicios.

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