La protesta tiene lugar luego de la liberación la víspera de 83 integrantes del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), detenidos tras enfrentamientos violentos con unidades antimotines en otra manifestación de repudio a esa iniciativa que se debate en el Legislativo a propuesta del Gobierno.

El secretario general de esa organización, Saúl Méndez, ha declarado que se mantendrán en la lucha hasta que sea retirada la norma con la cual el Ejecutivo pretende robarse los recursos de la CSS y entregarlos a los bancos y las empresas privadas administradoras de fondos de pensiones.

Méndez acusó además al presidente de la República, José Raúl Mulino, a quien calificó de “dictadorzuelo”, de ordenar la represión policial y judicialización de las protestas.

También incriminó al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, de permitir abusos y tratos crueles a los obreros de la construcción que fueron apresados el pasado 12 de febrero y ahora deberán notificarse ante la fiscalía cada mes sin poder salir de sus respectivas provincias.

Según otro de los voceros de esos colectivos, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, se han agotado todas las vías para tratar de que este proyecto se modifique en función de los intereses de la población, pero las propuestas del movimiento popular no son tomadas en cuenta, entre ellas el retorno al sistema solidario y eliminar el aumento en la edad de jubilación.

Por su parte, los gremios empresariales hicieron un llamado al diálogo y que no se cierren más calles, según dijo a la prensa Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Este jueves continúan las sesiones del Legislativo en segundo debate, luego de aprobar el primer bloque del proyecto de Ley 163.

Al igual que en jornadas anteriores, se presentaron modificaciones a la normativa y hubo cuestionamientos al director general de la CSS, el empresario Dino Mon, sobre varios aspectos de la administración de esa entidad estatal que atiende a los jubilados.

En cuanto a la parte financiera y el control de los fondos de pensiones, tratados en el segundo bloque (artículos 51 al 112), algunos diputados se opusieron a la propuesta de establecer cuentas individuales para todo el sistema de pensiones y se mostraron a favor de volver al sistema solidario.

Por su parte, el diputado Alaín Cedeño, de Realizando Metas, manifestó que los fondos de la CSS deben tener como prioridad su inversión en entidades estatales, al tiempo que cuestionó la millonaria evasión fiscal que sufre el país y que esa recaudación podría ser utilizada para atender la seguridad social.

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